El gobierno trabaja para la degradación del Estado de Derecho y la progresiva limitación de las libertades públicas.

La idea de seguridad es políticamente inferior a las de libertad, igualdad y justicia. Seguridad nos habla de empresas y bancos. Las otras tres ideas nos hablan de naciones, sociedades democráticas y estados. Ahora, la renovada militarización de la sociedad que lleva adelante el gobierno de Macri tiene una nueva expresión con las disposiciones emitidas para comprometer a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Con esto coronan un estilo: castigar pero con hiperbólicas promesas. Organizan una policía interna, pero prometen sofisticación, informática, redes digitales, nuevos armamentos y condescendencia con los salarios.

Esta decisión del presidente viola las leyes de defensa, seguridad interior y de inteligencia. Rompe el consenso logrado por la sociedad argentina en los primeros años de la democracia luego de 1983. Instituye una nueva brutalidad que junto a la política económica que convierte al país super endeudado en un destacamento subordinado de las finanzas internacionales, y hace de las fuerzas armadas un apéndice de la ideología de la seguridad que destila la razón financiera. Serían destacamentos semejantes a las agencias de seguridad que contratan las grandes corporaciones para asociar una intimidación más que proteja sus flujos de capitales.

Esta política es presentada como un acto que lleva a comprometer a las Fuerzas Armadas en la llamada “guerra contra el narcotráfico” que siempre termina con mayor involucramiento de aquellas y termina horrorosamente mal. Así ocurre hoy en México y por ello el pueblo de ese país ha votado a Andrés Manuel López Obrador como presidente para terminar con esa trágica decisión, que al mismo tiempo aniquila a los propios cuerpos armados.

No puede ignorarse que estas medidas colocan a las Fuerzas Armadas ante la posibilidad de intervenir en la represión al conflicto social, una perspectiva que nos retrotraería a la situación vivida en la dictadura procesista. Así como se habla de “drogas de diseño”, han diseñando un concepto difuso que denominan nuevas amenazas. En un retroceso formidable, imponen una idea de enemigo indeterminado, borroso e impreciso, que es la que en tiempos pasados sirvió para justificar terribles decisiones represivas en el goce de la clandestinidad. El diseño de enemigos sin nombre tiene como auxilio específico la expresión “narcotráfico”. Es un concepto compuesto donde entran toda clase de significaciones vinculadas al movimiento de personas, grupos sociales, manifestaciones políticas, todo apto para considerarse a esas realidades colectivas como difusas fuentes de peligro.

El decreto del gobierno puede resumirse brevemente postulando que se albergaría un inverosímil mal en la sociedad argentina. ¿Ante estos supuestos males, como no interpretar todo gesto de gobierno, como la preparación sistemática de actos de hostilidad o violencia? Ya tuvimos la prueba. Una de las “drogas diseñadas” por el Gobierno es la “amenaza” que imaginan en la lucha de los pueblos originarios, junto a la de todas las formas de resistencia ante lo que implican las decisiones de desmontar los derechos sociales y políticos. Por eso constituye un hecho no solo repudiable, sino que supera todos los acuerdos implícitos de la ya maltrecha convivencia nacional, la derogación del decreto 727/2006 que sostiene una ley de defensa en nombre de la cual las fuerzas armadas solo actúan frente a una agresión estatal externa. Las Fuerzas Armadas deberían recrear así, aspectos inaceptables de su pasada actuación enfrentando a cualquier grupo que realice un ataque en el país, tarea que es típica de las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y las 24 policías provinciales). Pero aun así es tarea a ser discutida y deliberada por la propia sociedad, porque amparada por el bosquejo de un enemigo incierto, tiende a crear estados paralelos, normativas propias y una tendencia a traspasar fácilmente los frágiles límites de la legalidad.

Esta inaceptable decisión es una política del gobierno de Cambiemos. No ha surgido de las FFAA. Es una grave responsabilidad del Presidente y su ministro de Defensa, integrante del partido Radical. El Poder Ejecutivo ha obviado el papel del Congreso de la Nación, como en tantos otros temas, en especial el acuerdo con el FMI, dejando en el papel su supuesto republicanismo, en realidad un reflejo conservador clásico, si no fuera algo todavía más grave. Dar un paso avanzado hacia una sociedad de control, con micro y macro políticas de militarización de la vida cotidiana, que es precisamente el lugar de todos los intercambios vitales, a los que el gobierno denomina “tráficos”. Esta palabra sugiere desde el tráfico en las ciudades hasta la circulación del capital, y simultáneamente la imposibilidad final de tener una política adecuada para las reales significaciones a las que se alude con el concepto de narcotráfico. Por eso el gobierno presenta el croquis de una Nueva Policía que se seguiría llamando “Fuerzas Armadas”, con nuevas funciones “del siglo XXI” que serían pretexto para hacerlas cruzar otra vez un abismo, donde cualquier arbitrariedad sería posible. Recorreríamos entonces muchos siglos hacia atrás.

Carta Abierta rechaza claramente esta política que obvia los reales presupuestos de una política de Defensa nacional, popular y democrática y también la derogación de aquellas disposiciones que permitían nuestro vínculo con el Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR. Las fuerzas políticas, sindicales, culturales y sociales deben rechazar con energía, y ya lo están haciendo, este retroceso estratégico y antidemocrático en las políticas de Defensa y Seguridad y que es también un alineamiento con los objetivos y tácticas de los Estados Unidos en el continente y en la escena internacional.

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